Millonarios Líderes Sindicales- Plaza Pública

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Miguel Ángel Granados Chapa

Alfredo Barba Hernández es un ejemplo del corporativismo sindical que se niega a formar parte del pasado. Es, al mismo tiempo, una muestra de cómo los dirigentes gremiales pueden amasar fortunas.

La suya asciende a más de 40 millones de pesos, y presumiblemente ha sido forjada a través de las prácticas que han desprestigiado al sindicalismo.

Nacido en una ranchería del municipio de Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, el 12 de mayo de 1944, Barba Hernández fue de muchacho empleado en una empresa tequilera de la región.

A los 24 años se trasladó a Guadalajara, a trabajar en Lechera Pureza, y en 1960 ingresó en Lechería Guadalajara, que produce la marca Sello Rojo y es propiedad de la familia González, de que forma parte el subsecretario de Gobernación Abraham González Uyeda.

Allí comenzó Barba Hernández la carrera sindical que tan suculentos frutos le ha procurado. En 1964, según se lee en su currículum oficial, fue coordinador de una coalición de organizaciones obreras llamada Francisco Silva Romero, nombre del patriarca o cacique, según se le quiera ver, de la Federación Revolucionaria Obrera y Campesina, filial jalisciense de la CROC, de la que ahora es secretario general.

Merced al sistema de posiciones que era característico del sistema priista, a la FROC le correspondía ocupar cargos de representación popular, usufructuados por Barba Hernández a partir de 1980: fue dos veces regidor del Ayuntamiento de Tlaquepaque, y alcalde del mismo municipio conurbado a Guadalajara.

Fue diputado local y actualmente es diputado federal a la LV legislatura, por la vía de representación proporcional (y lo fue dos veces antes, en las legislaturas LII y LV, que se iniciaron en 1982 y 1991)

Sus ingresos formales deben haber sido cuantiosos, resultante de la simultaneidad de sus cargos políticos y sindicales. Pero es imposible que sólo a través de salarios, sueldos y dietas acumulara los cuarenta millones de pesos en que se calcula su fortuna, y está formada por bienes inmuebles (dos pentahouse y un tercer departamento, todos en zonas bien cotizadas) y por automóviles por los que parece obsesionado: su parque vehicular está compuesto por 15 unidades, todas de gran lujo.

El patito feo es un Chevrolet Colorado, modelo 2005, que “sólo” costó 260 mil pesos, casi la quinta parte del importe pagado por un Audi S8 de este año, que ascendió a 1 millón 478 mil pesos.

Entre esos extremos se ubican cinco BMW’s cuyo precio por unidad bordea el millón de pesos y otros coches, entre ellos un Cadillac, cuya posesión bastaba antaño para identificar a una persona en extremo acaudalada.

Barba Hernández posee un penthouse en la Torre Murano, por el que debe haber pagado entre 15 y 20 millones de pesos. En el mismo edificio tiene otro departamento, y un pentahouse más en la Plaza Corporativa Zapopan, con costo de 6 millones de pesos cada uno de estos dos últimos. (Reforma, 8 de junio).

Quizá no en la proporción del froquista jalisciense, pero abundan los dirigentes sindicales que, como él, dejan de ser pobres como lo eran antes de encabezar secciones o sindicatos enteros.

Aunque no es infrecuente, sobre todo en sindicatos de empresa, de membresía no muy numerosa, que después de una comisión sindical (que dura dos o tres años) los dirigentes se reintegren a sus labores normales, tampoco escasea el número de quienes hacen carrera de la representación sindical y a través de ella se enriquecen.

Hay muchos modos de hacerlo. El menos escandaloso es el de asignarse remuneraciones cuantiosas y abultados gastos de representación, a cargo de las cuotas sindicales.

Son más rentables, sin embargo, prácticas deshonestas o francamente delictuosas como la venta de plazas o la administración de contratos de protección. Éstos últimos suelen ser justificados por empleadores o abogados patronales como defensa frente a otro modo de enriquecimiento ilícito de los líderes sindicales, la extorsión laboral.

Ésta consiste en la amenaza de imponer la sindicalización del personal de una empresa, para evitar la cual se demanda una paga, so pena de un emplazamiento a huelga.

A fin de ponerse a salvo de riesgos de este alcance, ha cundido la preferencia por la “paz laboral” vendida por administradores de contratos colectivos que por su propósito son llamados de protección, fórmula que inmediatamente recuerda prácticas mafiosas, que obligan a pagos periódicos para evitar agresiones.

La mayor parte de los contratos vigentes en México pertenece a esa categoría. Una federación regional, como la de la Froc jalisciense, deriva la mayor parte de sus recursos de esta práctica, que reditúa a los dirigentes entre 10 y 25% de la nómina, para el inicio de una relación laboral lo menos gravosa para el empleador, y un porcentaje similar en cada revisión salarial que se resuelve sin problemas para las empresas y con pingües ganancias para el intermediario.

En los grandes sindicatos nacionales de industria, los contratos colectivos ofrecen vías adicionales para que los líderes se enriquezcan. El de PEMEX, por ejemplo, destina amplios recursos para que los petroleros organicen festejos en fechas señaladas para el gremio, como el 18 de marzo y el 1 de mayo.

Sin escrutinio interno ni externo, los líderes pueden hacer suyo cualquier porcentaje de las cantidades correspondientes, cuyo monto es insignificante comparado con, por ejemplo, las comisiones pagadas por participar en un programa de construcción de vivienda.

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Author: fisgonpoliticojal

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